Santo Domingo.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, se defendió hoy de la acusación que le hace al empresariado el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, de que quieren comprar a ese organismo “a precio de vaca muerta” y dijo que siempre que se presenta una crisis en el servicio de energía el funcionario tiene los mismos argumentos.

Manifestó que la sociedad no está en condición de comprarle el discurso a Segura, en el sentido de que cuando salen a la luz pública las debilidades e ineficiencias en el sector eléctrico es por una campaña mediática del empresariado para hacerlo salir del cargo.

Explicó que a pesar de que en gestión el sector eléctrico ha recibido US$6,000 millones en subsidio, no se ha podido resolver ni el más pequeño de los problemas de la electricidad en el país.

Informó que Segura tiene un monopolio casi absoluto de todo el escenario eléctrico en República Dominicana, ya que controla todos las partes del sistema energético. Dijo que tiene control de todas las distribuidoras de electricidad, de parte de la generación y de la transmisión de energía.

El empresario destacó que el sector privado no invierte en el sistema eléctrico porque no encuentra las condiciones apropiadas para que se les garantice su inversión, y que el empresariado en todas partes del mundo está diseñado para crear riquezas, no sólo para los inversionistas, sino para la sociedad en su conjunto. 

Agregó que las inversiones deben hacerse dentro de las condiciones que permitan la garantía de la misma, y que el sector eléctrico del país no le garantiza a nadie su inversión. “ ni siquiera garantiza lo más elemental y básico del servicio a la población dominicana”, precisó.

Al hablar en una rueda de prensa en la torre empresarial, Macarrulla manifestó que el sector privado no firmó ninguno de los contratos en el que se involucran plantas deficientes.

Dijo que los mismos deben ser revisados y que los responsables de esos contratos deben ser castigados por las autoridades por no cumplir con el deber de defender los intereses del país. 

“Si esos contratos tienen tantas distorsiones lesivas a la nación, alguien tuvo que haber cometido alguna indelicadeza, ¿por qué no los castigan? Por qué no aplican la ley eléctrica”, se preguntó Macarrulla.